La historia y el dolor de dos madres fueron protagonistas en una audiencia. Por un lado, una joven condenada a perpetua pedía que se le otorgue el arresto domiciliario porque su hijo de cinco meses estaba sufriendo con la vida carcelaria. La otra, que pidió que se rechazara el planteo, dijo que hubiera pensado antes de quedar embarazada y que ella nunca tuvo calma desde que acribillaron a su hijo de 18 años.

Jimena Fernández recibió en marzo de 2023 la pena más dura que contemplan las leyes argentinas por el crimen de Ramiro Ledesma, registrado el 13 de marzo de 2021. Ella fue condenada por haber citado a la víctima a un encuentro, momento que fue aprovechado por Miguel “Miguelón” Fernández y Alexis “El Sucio” Íñigo para asesinarlo. En la audiencia donde fue condenada anunció que estaba embarazada.

La joven fue enviada al penal de mujeres por más que la sentencia no quedó firme. En diciembre pasado, la Justicia le otorgó el arresto domiciliario porque no estaba en un lugar acorde a su estado. La resolución fue impugnada y cinco días después de haber sido enviada a su casa, se resolvió que debía ser trasladada a la alcaldía de Delfín Gallo, donde le acondicionaron la celda.

Aníbal Paz, defensor de Fernández, siguió tramitando el beneficio porque el lugar de encierro no tenía las condiciones necesarias para criar a su bebé. Un juez rechazó el pedido y el profesional decidió impugnar esa resolución.

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Nuevo planteo

En la audiencia de impugnación, Paz insistió que el anterior magistrado no había tenido en cuenta un informe elaborado por la jueza de paz en la que se detalla la precariedad del lugar donde se encontraba su asistida y su hijo. “Allí, entre otras cosas, se probó que el niño estaba en un pabellón que no tenía ventanas, sino que las aberturas estaban tapadas con plásticos y que sólo mitigaba el frío con una estufa eléctrica para cubrir un espacio de cinco por cuatro metros. El piso es un contrapiso de cemento, comparte el baño con las otras dos internas y no cuenta con sistema de refrigeración para mantener los alimentos del niño”, dijo. “Además, las autoridades del Servicio Penitenciario informaron que el sector de madres recién se está empezando a construir”, añadió. Solicitó entonces que se le otorgue el arresto domiciliario para su asistida, medida que cumpliría en su hogar en Las Talitas y que además le permitiría tener vínculos con sus otros dos hijos, uno de ocho y otro de dos años.

ARGUMENTOS. Los fundamentos de todas las partes hicieron que la audiencia sea tensa.

El auxiliar Lucas Maggio, siguiendo las instrucciones del fiscal Pedro Gallo, rechazó el planteo. “El Servicio Penitenciario le dio una cuna y una bañadera de plástico para que atendiera al pequeño. Tiene atención médica y tiene garantizada la alimentación”, explicó. “Hay que tener en cuenta que Fernández estuvo más de un año y medio prófuga por el delito que cometió. Además, cuando se le otorgó el arresto domiciliario por el embarazo y posterior nacimiento de su hijo, lo incumplió”, sostuvo.

La defensora oficial Josefina Talamazzi, que actúa como querellante en el proceso, adhirió a los argumentos de Maggio para oponerse a que se le otorgue el arresto domiciliario. “Tiene todo lo que necesita para cuidar a su hijo. No por estar embarazada o por tener un bebé las mujeres no deben dejar de cumplir con una condena en una unidad carcelaria”, señaló.

Máxima tensión

Después de haber escuchado a las partes, la jueza Laura Julieta Casas le dio la oportunidad a Verónica Almirón, la madre de la víctima, a que expresara su opinión. “Comparto todo lo que dijeron el auxiliar fiscal y mi abogada. Pero también quiero decir que ella se embarazó justo en el juicio porque sabía que así no iría a la cárcel. Eso también lo hizo antes”, indicó. “Creo que debería haberlo pensado antes. Ella está presa porque mató a mi hijo. Estas son las consecuencias de eso y tiene que atenerse a ellas”, añadió entre lágrimas.

“Le quiero decir a Fernández que vivo en una casa machimbrada. Sufro del frío y del calor y no tengo las comodidades que me gustarían. Pero tampoco tengo a mi hijo porque ella me lo arrebató de la manera más cruel. Ella, al menos, tiene al suyo”, destacó. “Soy madre y también te entiendo, pero estas son las consecuencias de lo que hiciste, del daño que causaste”, le dijo a la acusada.

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Luego declaró Fernández. “Entiendo su dolor, pero este no es un lugar para que esté un niño. Ya comenzará a gatear y no tiene su espacio. Ni siquiera podemos estar solos en ningún momento. Comparto la celda con otra chica embarazada, pero todo el tiempo hay ruidos que no le permiten dormir. Si no es por la música durante el día, son los gritos de las otras internas por la noche”, señaló.

“Todos los días expongo a mi hijo a las peleas de las otras internas. Los recreos los compartimos en el mismo espacio y ahí puede pasar cualquier cosa. No puedo pedirles que no fumen encima de él. Mi hijo está enfermo desde hace cuatro meses y no se cura porque no recibe la atención médica necesaria”, indicó. “Sé perfectamente por el infierno que está viviendo. A mí me pasó lo mismo porque también sufrí un calvario a la par de ‘Miguelón’. También fui víctima de él, pero no tuve nada que ver con la muerte de su hijo”, finalizó la joven llorando.

La resolución

La jueza Casas decidió rechazar el pedido de que se le otorgue el arresto domiciliario al entender que el fallo de primera instancia estaba ajustado a derecho. Pero aclaró que se deben atender los derechos del niño de manera urgente. Por ese motivo, decidió solicitar que se cumplan las siguientes medidas.

- Ordenar a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) que realicen un informe mensual sobre la situación en la que se encuentra la madre y el niño.

- Solicitar al Servicio Penitenciario que cambie de lugar a las internas más revoltosas para que no interrumpan el sueño del pequeño.

- Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la alimentación, la salud y la seguridad del pequeño.